Detienen a 4 sospechosos de la muerte de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras

El asesinato de Cáceres, premiada un año atrás con el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente, generó repudio en su país y en el extranjero

 

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Servicios Internacionales/ BBC
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A dos meses del asesinato de la prominente activista ambiental Berta Cáceres, las autoridades de Honduras anunciaron este lunes la detención de cuatro supuestos implicados en su muerte.AFP


Tegucigalpa .- A dos meses del asesinato de la prominente activista ambiental Berta Cáceres, las autoridades de Honduras anunciaron este lunes la detención de cuatro supuestos implicados en su muerte.

El asesinato de Cáceres, premiada un año atrás con el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente, generó repudio en su país y en el extranjero.

Cáceres fue atacada por dos hombres armados el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años.

Los sospechosos fueron detenidos tras allanamientos simultáneos que se realizaron en la capital Tegucigalpa y en las ciudades de La Ceiba, Trujillo y Colón.

Fueron identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, informó el Ministerio Público hondureño.

"En las operaciones se ha capturado a cuatro de los presuntos asesinos de Berta Cáceres en allanamientos en varias ciudades del país", aseguró el portavoz del Ministerio Público, Jury Mora.

Fueron detenidos bajo cargos de asesinato contra Cáceres y tentativa de asesinato contra su colega mexicano Gustavo Castro, herido en el ataque y único testigo del crimen.

El vocero de las Fuerzas Armadas, Lenín González, señaló que dos de los presuntos responsables son militares, uno activo y el otro retirado.

La activista, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. AFP

Cáceres, líder de la etnia lenca, contaba con medidas cautelares de protección establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que denunciara haber recibido amenazas de muerte.

Su campaña contra un polémico proyecto hidroeléctrico con financiación internacional le valió el año pasado el premio Medioambiental Goldman.

La activista, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

Los sospechosos fueron detenidos tras allanamientos simultáneos que se realizaron en la capital Tegucigalpa y en las ciudades de La Ceiba, Trujillo y Colón. AP

Semanas atrás el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, le pidió al gobierno de Honduras que ordene una investigación independiente del asesinato de Cáceres.

Familiares de la activista y organizaciones civiles hicieron la misma demanda y enviaron una carta abierta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denunciaron señales de corrupción en la pesquisa.

Cáceres fue atacada por dos hombres armados el 3 de marzo en su casa en la ciudad de La Esperanza un día antes de cumplir 45 años. Reuters

Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con sede en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.

Según esta organización, Honduras es "el país más mortal del mundo" para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población. Es especialmente peligroso para los indígenas. De los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.

 

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