Varios detenidos por vender papeles falsos a inmigrantes irregulares

El trabajo de la red podía entenderse como falsificaciones de documentos a la carta: el inmigrante que necesitaba regularizar su situación en España y precisaba para eso de un empadronamiento, un permiso de trabajo, uno de residencia, varios de esos papeles o todos juntos podía acudir a la red, abonar entre 5.000 y 15.000 euros según los casos y conseguirlos sin seguir el proceso legal. Pero la Guardia Civil averiguó que el núcleo de esa red estaba en Navarra y ha detenido a sus 23 integrantes.

La red se había extendido por otras comunidades para conseguir esas falsificaciones sin llamar la atención. Por eso, de los 23 detenidos 11 lo han sido en la Comunidad foral, 8 en Murcia, 3 en La Rioja y 1 en Cáceres. La Guardia Civil considera que puede haber un centenar de víctimas, más de la mitad en Navarra. A cambio de documentación, la red ha llegado a exigir favores sexuales a mujeres en situación irregular.

Entre los arrestados en la Comunidad foral se encuentra uno de los cabecillas, B.A., un marroquí de 41 años residente en Carcastillo, y tres empresarios del campo de Santacara, Carcastillo y Murillo el Fruto que supuestamente han favorecido la inmigración ilegal: presuntamente han cobrado por contratar a inmigrantes y formalizar nóminas inexistentes para permisos de trabajo. Son F.A.I., de 45 años y de Santacara; F.G.V.E., de 48 años y de Murillo el Fruto, y J.I.V.E., de 33 años y vecino de Carcastillo. El resto de detenidos en Navarra son marroquíes, hombres y mujeres que han actuado como intermediarios y han puesto en contacto a los inmigrantes en situación ilegal y el cabecilla de la red. Por ejemplo, el miembro de una asociación de inmigrantes con sede en Tudela.

La operación ha estado dirigida judicialmente por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que ha encarcelado a ocho personas por los delitos de cohecho, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Entre los encarcelados se encuentra el cabecilla de Navarra y una funcionaria de un ayuntamiento de Murcia, Moratalla. Es una mujer de 53 años, A.M.M.H., a la que, por medio del cabecilla de Navarra, llegaban las peticiones de empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular. Es la única española encarcelada, ya que el otro español para el que la magistrada de Pamplona ordenó el ingreso en prisión ha podido eludir la cárcel tras pagar 5.000 euros. Se trata de F.N.G., de 42 años, que fue concejal de Deportes también en el ayuntamiento de Moratalla y que ahora era el encargado de Protección Civil. Se le imputan los mismos delitos, tiene prohibido salir de España y debe presentarse todos los lunes en el juzgado.